La Mojana. A la espera de resultados de la lucha global contra el cambio climático

Mucho se habla hoy en día sobre cambio climático y los compromisos de los estados con la mitigación de sus efectos que llevan años haciéndose sentir alrededor del mundo a través de fenómenos de clima extremos

Tal como el que se vivió en nuestro país durante el periodo comprendido entre octubre de 2010 a mayo 2011 debido a la ola invernal que, según el informe de valoración de daños y pérdidas de la CEPAL, dejó tras su paso un total de 2.350.207 personas damnificados, 869.032 afectadas y a un país entero desconcertado y vulnerable ante los desastres ocasionados por la variabilidad climática.

Intensas lluvias que afectaron con inundaciones, avalanchas y remociones en masa a varias zonas del país, fueron particularmente más cruentas en la región de la Mojana en donde las terribles cifras de damnificados demandaron una especial atención por parte del Gobierno nacional, que en su momento a través de una inversión de más de $840.330 millones asumió la urgente responsabilidad de trabajar en la adaptación de su territorio, previendo futuras catástrofes naturales y atendiendo a los compromisos adquiridos por el país de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Lastimosamente a pesar de las buenas intenciones, la inversión se ha evaporado durante el proceso de recuperación del pueblo de La Mojana en construcción de viviendas, colegios, vías terciarias, e incluso se han asignado miles de millones en estudios de pronóstico climático, pero hoy, después de 6 años de la tragedia, los habitantes de la costa caribe siguen estando a merced de los efectos del cambio climático, pues nada tangible se ha hecho a fin de reducir su exposición y vulnerabilidad ante las amenazas ambientales en la zona, que no se han hecho esperar y ya han venido dejando nuevos daños como consecuencia de las recientes inundaciones que han tenido lugar en la zona.

En medio de este preocupante panorama, es de reconocer los grandes pasos que desde el gobierno central se están dando para contribuir en este esfuerzo global por enfrentar el cambio climático, muestra de ello es el proyecto de ley que acaba de radicar el Ministerio de Ambiente y que tiene por objeto establecer las directrices para la gestión y la adaptación del territorio al cambio climático, donde esperamos se fortalezcan las instituciones para que se orienten mejor los esfuerzos y se promuevan las medidas indicadas que preparen realmente a la población de estas zonas vulnerables para enfrentarse a la realidad de una  inminente emergencia invernal.

Colombia aprende ¿Pero entiende la educación como una herramienta para el desarrollo regional?

Sucre requiere con urgencia, un sistema educativo que le brinde alternativas de profesionalización vocacional a todos jóvenes que no pueden acceder a la educación superior, para que así puedan dignificar su condición social y económica, con la certeza de convertirse en actores calificados para la promoción y desarrollo de sus regiones dentro de un contexto laboral que hoy en día les resulta tan incierto

Desde el momento en que el Gobierno Nacional se trazara el objetivo de construir una Colombia más educada hasta la fecha, puede parecer prematuro el querer juzgar los avances de una política educativa que busca hacer frente a grandes desafíos como lo son el acceso, la calidad, equidad y cobertura; pero se hace vital, a fin de apreciar el progreso de la educación como herramienta para el desarrollo, el revisar las cifras que lo avalan junto con una realidad de la que solo la población joven en las diferentes regiones del país puede dar fe.

Actualmente en el país, según cifras del Ministerio de Educación, tan solo el 48,5% de los jóvenes graduados en el año 2015 lograron acceder a la educación superior en 2016, y allí es donde apuntan todos los esfuerzos del gobierno a fin de lograr una mayor cobertura y menor deserción, mostrando grandes avances, ya que en tan solo una década, gracias al incremento del presupuesto destinado a educación, se ha logrado que la esperanza de vida escolar aumente en dos años, como resultado del desarrollo de programas como ser pilo paga, donde más de 10 mil jóvenes de bajos recursos en todo el país puedan acceder a educación superior de alta calidad.

Pero estos esfuerzos en definitiva, deben ir acompañados de estrategias transversales que aborden problemas de calidad, participación y aprendizaje, que permita hacer frente al reto al que nos enfrentamos en la ardua tarea por lograr esa Colombia más educada, para poder coordinar el trabajo por la disminución de la brecha en el acceso con una propuesta de formación profesional pertinente y de calidad que responda a las necesidades propias de cada territorio.

En Sucre, por ejemplo, la cobertura en educación superior para el año 2015, según cifras reportadas por el sistema Nacional de Educación Superior, se encuentra en un 24,23%, una cifra nada despreciable si la comparamos con la proyección del gobierno de una tasa de cobertura departamental por encima del 20%. Pero de ese 24.23% ¿cuáles cuentan con una orientación académica y ocupacional que se adapte a las actividades económicas propias del Departamento?, difícil respuesta cuando la realidad es que contamos con una oferta educativa desligada de los sectores productivos de un territorio tan diverso como lo es Colombia.

Por lo anterior, aún con los avances en la cobertura tanto a nivel nacional como departamental, habría que preguntarse si la educación en Colombia se está proyectando como una herramienta que busca disminuir las brechas de inequidad territorial y mejorar las condiciones de desarrollo socioeconómico de las regiones, o tan solo se está contemplando como una estadística más que nos acercará como país a los objetivos de sostenibilidad propuestos por la OCDE.

Por tal razón debemos procurar la construcción de un sistema educativo sólido que proporcione niveles más altos de aprendizaje y competencias en la educación básica y media. Que conecte a los jóvenes con instituciones de formación profesional y educación superior como resultado de una calidad educativa con enfoque vocacional, que les permita ingresar a un sistema de profesionalización asequible que promueva las competencias que les permitan dignificar su condición social y económica, con la certeza de convertirse en actores calificados para la promoción y desarrollo de sus regiones dentro de un contexto laboral que hoy en día les resulta tan incierto.