A 60 años del voto de las mujeres colombianas seguimos sumando votos por la igualdad

    Seguiremos trabajando para que además de las acciones específicas en el ámbito político, se emprendan medidas para cerrar brechas de género y garantizar el empoderamiento de las mujeres para poder así construir una democracia paritaria y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Un día como hoy hace 60 años, las mujeres ejercieron por primera vez el derecho pleno a su ciudadanía a través del voto durante el llamado plebiscito de 1957, abriéndonos un camino hacia la participación y la igualdad que no ha sido fácil de recorrer por todas aquellas que nos han antecedido en esta lucha, pero que a pesar de la lentitud, nos han permitido recorrerlo a paso firme y contundente.

La participación femenina por primera vez en una elección se dio gracias al esfuerzo y compromiso político del 27 de agosto de 1954, donde se reformó la Constitución de Colombia para otorgarle a la mujer el derecho al voto, a ser elegidas y a ocupar cargos públicos. Desde aquella trascendental fecha que hoy conmemoramos, vemos con satisfacción que estamos cada vez más cerca de alcanzar la meta de inclusión 50-50 acordada en la Agenda Global 2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no sin reconocer que se requiere acelerar el ritmo para que esta meta no nos tome otras 6 décadas más.

Muestra de esto son los resultados que nos dejan estos 60 años de esfuerzos conjuntos, donde a la fecha se ha logrado que la mujer tenga una participación política de un 33%, con un total de 41.080 mujeres inscritas en las más recientes elecciones de autoridades locales en 2015.  Al ver estas cifras de la Registraduría cualquiera diría que estamos cerca, pero reducir esa brecha no es una tarea fácil si no contamos con el apoyo de todos, hombres y mujeres, en diferentes estamentos, instituciones, organizaciones y colectivos, que se comprometan con la causa y promuevan este anhelo por una Colombia más incluyente.

De igual manera, en fechas como estas resulta pertinente hacer un llamado al Estado y la sociedad en su conjunto para que este compromiso se extienda a otros ámbitos donde los derechos de la mujer colombiana se ven constantemente vulnerados a fin de lograr las garantías de su seguridad, la erradicación de cualquier tipo de violencia en su contra, y que además de las acciones específicas en el ámbito político, se emprendan medidas para cerrar brechas de género y garantizar el empoderamiento de las mujeres para poder así construir una democracia paritaria y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

 

Dando pasos firmes para avanzar en la lucha por la equidad de género

Gracias a estas redes de apoyo, en el que el Congreso, las organizaciones defensoras de derechos de la mujer rural, víctimas del conflicto armado, mujeres líderes, empresarias, entre otras; facilita y optimiza los esfuerzos para avanzar más rápido en esta tarea por alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres colombianas

Como miembros del congreso de un país que ha ratificado todos los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos de las mujeres e igualdad de género, debemos ser garantes de la lucha en materia legislativa en asuntos relacionados con la mujer y la equidad de género.

Pero en un país como Colombia, en donde tres generaciones enteras han nacido y crecido en un ambiente de violencia, es bien sabido que la mujer es quien ha llevado la peor parte, situación que sumada a lo reciente de lucha empoderamiento que viene dando la mujer colombiana, donde tan solo hace dos décadas se empezó a legitimar a través de espacios de participación que les permitía defender sus derechos, nos pone en un escenario adverso más promisorio si concertamos esfuerzos en esta importante tarea.

Así las cosas, y gracias al compromiso conjunto entre organizaciones de mujeres y de un grupo de congresistas comprometidos con la causa de la equidad de género, podemos decir que Colombia ha avanzado considerablemente y ha logrado ponerse al día aun con lo reciente de esta lucha. Aun así se reconocen los vacíos que existen en esta materia y trabajamos constantemente y de la mano con las organizaciones, por que estos sean subsanados.

Esta experiencia de trabajo mancomunado nos permite hoy mostrar que gracias a estas redes de apoyo, en el que el Congreso, las organizaciones defensoras de derechos de la mujer rural, víctimas del conflicto armado, mujeres líderes, empresarias, entre otras; facilita y optimiza los esfuerzos para avanzar más rápido en esta tarea por alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres colombianas.

Estos avances son el resultado de un proceso de más de 17 años que empezó a surtir frutos con la creación de la bancada de la mujer del Congreso de la República, la cual se transformó en Comisión Legal para la Mujer en una dinámica de fortalecimiento, logrando a través de una estructura legal aunar esfuerzos en el que sin distingo de ideologías políticas, la búsqueda de la equidad de género fuera un objetivo común por el cual trabajar.

Entre estas grandes iniciativas vale la pena destacar también las leyes que han validado principios de paridad y alternancia que le han permitido a la mujer ganar espacios de representatividad al garantizar la participación política en diversos ámbitos, lo cual ha ido dando sus frutos en la disminución de la brecha de género y nos permite hoy en día decir que contamos con una participación en gobierno del 37.5% y en congreso del 21.2%, cifras que muestran un avance pero que de paso nos llena de motivos para seguir luchando por una mayor participación política de las mujeres.

Este es entonces, el panorama que observamos en nuestro país en la lucha por la equidad de género, con avances nada despreciables pero también con grandes retos que como congresistas debemos asumir manteniéndonos aferrados al compromiso con la igualdad económica, política y social entre hombres y mujeres y por la erradicación de cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres.

La Mojana. A la espera de resultados de la lucha global contra el cambio climático

Mucho se habla hoy en día sobre cambio climático y los compromisos de los estados con la mitigación de sus efectos que llevan años haciéndose sentir alrededor del mundo a través de fenómenos de clima extremos

Tal como el que se vivió en nuestro país durante el periodo comprendido entre octubre de 2010 a mayo 2011 debido a la ola invernal que, según el informe de valoración de daños y pérdidas de la CEPAL, dejó tras su paso un total de 2.350.207 personas damnificados, 869.032 afectadas y a un país entero desconcertado y vulnerable ante los desastres ocasionados por la variabilidad climática.

Intensas lluvias que afectaron con inundaciones, avalanchas y remociones en masa a varias zonas del país, fueron particularmente más cruentas en la región de la Mojana en donde las terribles cifras de damnificados demandaron una especial atención por parte del Gobierno nacional, que en su momento a través de una inversión de más de $840.330 millones asumió la urgente responsabilidad de trabajar en la adaptación de su territorio, previendo futuras catástrofes naturales y atendiendo a los compromisos adquiridos por el país de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Lastimosamente a pesar de las buenas intenciones, la inversión se ha evaporado durante el proceso de recuperación del pueblo de La Mojana en construcción de viviendas, colegios, vías terciarias, e incluso se han asignado miles de millones en estudios de pronóstico climático, pero hoy, después de 6 años de la tragedia, los habitantes de la costa caribe siguen estando a merced de los efectos del cambio climático, pues nada tangible se ha hecho a fin de reducir su exposición y vulnerabilidad ante las amenazas ambientales en la zona, que no se han hecho esperar y ya han venido dejando nuevos daños como consecuencia de las recientes inundaciones que han tenido lugar en la zona.

En medio de este preocupante panorama, es de reconocer los grandes pasos que desde el gobierno central se están dando para contribuir en este esfuerzo global por enfrentar el cambio climático, muestra de ello es el proyecto de ley que acaba de radicar el Ministerio de Ambiente y que tiene por objeto establecer las directrices para la gestión y la adaptación del territorio al cambio climático, donde esperamos se fortalezcan las instituciones para que se orienten mejor los esfuerzos y se promuevan las medidas indicadas que preparen realmente a la población de estas zonas vulnerables para enfrentarse a la realidad de una  inminente emergencia invernal.

Colombia aprende ¿Pero entiende la educación como una herramienta para el desarrollo regional?

Sucre requiere con urgencia, un sistema educativo que le brinde alternativas de profesionalización vocacional a todos jóvenes que no pueden acceder a la educación superior, para que así puedan dignificar su condición social y económica, con la certeza de convertirse en actores calificados para la promoción y desarrollo de sus regiones dentro de un contexto laboral que hoy en día les resulta tan incierto

Desde el momento en que el Gobierno Nacional se trazara el objetivo de construir una Colombia más educada hasta la fecha, puede parecer prematuro el querer juzgar los avances de una política educativa que busca hacer frente a grandes desafíos como lo son el acceso, la calidad, equidad y cobertura; pero se hace vital, a fin de apreciar el progreso de la educación como herramienta para el desarrollo, el revisar las cifras que lo avalan junto con una realidad de la que solo la población joven en las diferentes regiones del país puede dar fe.

Actualmente en el país, según cifras del Ministerio de Educación, tan solo el 48,5% de los jóvenes graduados en el año 2015 lograron acceder a la educación superior en 2016, y allí es donde apuntan todos los esfuerzos del gobierno a fin de lograr una mayor cobertura y menor deserción, mostrando grandes avances, ya que en tan solo una década, gracias al incremento del presupuesto destinado a educación, se ha logrado que la esperanza de vida escolar aumente en dos años, como resultado del desarrollo de programas como ser pilo paga, donde más de 10 mil jóvenes de bajos recursos en todo el país puedan acceder a educación superior de alta calidad.

Pero estos esfuerzos en definitiva, deben ir acompañados de estrategias transversales que aborden problemas de calidad, participación y aprendizaje, que permita hacer frente al reto al que nos enfrentamos en la ardua tarea por lograr esa Colombia más educada, para poder coordinar el trabajo por la disminución de la brecha en el acceso con una propuesta de formación profesional pertinente y de calidad que responda a las necesidades propias de cada territorio.

En Sucre, por ejemplo, la cobertura en educación superior para el año 2015, según cifras reportadas por el sistema Nacional de Educación Superior, se encuentra en un 24,23%, una cifra nada despreciable si la comparamos con la proyección del gobierno de una tasa de cobertura departamental por encima del 20%. Pero de ese 24.23% ¿cuáles cuentan con una orientación académica y ocupacional que se adapte a las actividades económicas propias del Departamento?, difícil respuesta cuando la realidad es que contamos con una oferta educativa desligada de los sectores productivos de un territorio tan diverso como lo es Colombia.

Por lo anterior, aún con los avances en la cobertura tanto a nivel nacional como departamental, habría que preguntarse si la educación en Colombia se está proyectando como una herramienta que busca disminuir las brechas de inequidad territorial y mejorar las condiciones de desarrollo socioeconómico de las regiones, o tan solo se está contemplando como una estadística más que nos acercará como país a los objetivos de sostenibilidad propuestos por la OCDE.

Por tal razón debemos procurar la construcción de un sistema educativo sólido que proporcione niveles más altos de aprendizaje y competencias en la educación básica y media. Que conecte a los jóvenes con instituciones de formación profesional y educación superior como resultado de una calidad educativa con enfoque vocacional, que les permita ingresar a un sistema de profesionalización asequible que promueva las competencias que les permitan dignificar su condición social y económica, con la certeza de convertirse en actores calificados para la promoción y desarrollo de sus regiones dentro de un contexto laboral que hoy en día les resulta tan incierto.